Estado de aplicación y advertencias

RDL 26/2026 entró en vigor el 1-10-2026 y RDL 27/2026 el 2-10-2026, pero ambos quedaron derogados ese mismo 2-10-2026 al rechazar el Congreso su convalidación. Qué medidas contenían, cuáles dependían todavía de un acuerdo ministerial u ordenanza, y las cuatro advertencias que conviene leer antes de fiarse de una cifra.

Situación de cada medida

La tabla resume lo que contenían los decretos; desde el 2-10-2026, tras el rechazo de la convalidación, ninguna medida se aplica: todas figuran como Derogada. La columna «Condición» indica en qué decreto estaba cada medida y que fue derogada ese día. Las etiquetas Potestativa, Pendiente y Bloqueada se conservan solo para referencia histórica (indicaban el estado que habrían tenido de seguir en vigor los decretos), pero no tienen efecto práctico tras la derogación.

Historial de actualizaciones

• 1 de octubre de 2026, 12:00: segunda versión. Se contrastó el articulado completo con el BOE-A-2026-20266 y el BOE-A-2026-20385 y se corrigieron cinco errores de fondo, se añadieron las disposiciones que faltaban y se separaron los dos reales decretos-ley en secciones propias.
• 30 de septiembre de 2026, 13:14: versión inicial, contrastada con el articulado del BOE-A-2026-20266.

Cuatro advertencias

Convalidación

El Congreso rechazó la convalidación de los dos decretos el 2 de octubre de 2026: 172 a favor y 178 en contra el RDL 26/2026; 166–167 a favor y 184 en contra el RDL 27/2026. Ambos quedaron derogados y dejaron de estar en vigor ese día. art. 86.2CE Si alguna medida se tramita como proyecto de ley, este sitio se actualizará desde ese texto.

Preámbulo y articulado

El preámbulo del BOE no coincide en todo con el articulado: describe de otro modo las consecuencias del art. 5 RDL 26/2026 y cita una numeración de disposiciones finales anterior a la definitiva. Este análisis sigue el articulado. El preámbulo invoca por su nombre el caso de Mari Carmen Abascal y adopta un registro político, lo que sitúa el debate de convalidación pero no altera el efecto jurídico.

Capacidad autonómica

La suspensión de desahucios y la enervación extraordinaria recaen sobre la administración competente, en general la autonómica, y el Estado compensa los gastos. art. 2.2 y 3RDL 26/2026 Pero la eficacia real depende de que esa administración conteste en el plazo y tenga recursos: si no responde o informa de que no cuenta con ellos, el proceso se suspende, y si tras los dos meses no ha pagado ni consignado, la subrogación automática es lo que evita el lanzamiento. art. 5.DosRDL 26/2026 En el País Vasco y en Navarra la instrumentación financiera se acordará bilateralmente con sus propios regímenes. art. 5.DosRDL 26/2026 Los recargos de IBI son potestativos y dependen íntegramente de la ordenanza municipal.

Territorios forales y competencias autonómicas

La disposición final décima.8 respeta los regímenes civiles forales o especiales, los regímenes tributarios forales de concerto y convenio económico del País Vasco y Navarra, y la competencia autónoma en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. disposición final décima.8RDL 26/2026 El RDL 27/2026 se dicta bajo el artículo 149.1.8.ª CE en materia de legislación civil, «sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan, y, en todo caso, sobre las bases de las obligaciones contractuales». art. 149.1.8CE disposición final primeraRDL 27/2026

Última revisión: 2 de octubre de 2026. Articulado contrastado con BOE-A-2026-20266 y BOE-A-2026-20385.